Foto: Prensa Pablo Pérez
“El pasado 10 de junio solicitamos copia certificada del expediente para conocer cuál es la base de la investigación que siguen en mi contra y de otros funcionarios de mi gestión, pero 1 mes y 13 días después sigue sin responder la Comisión de Contraloría”, señaló el exgobernador del Zulia
“No es posible que estemos a 23 de julio y aún no han respondido. De manera extraoficial hemos conocido que aprovechando su visita al Zulia, para la conmemoración de los 190 años de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, diputados de esa comisión pretenderían realizar interpelaciones los días jueves y viernes, ante lo cual insisto:
Estoy dispuesto a acudir a cualquier interpelación que me quieran hacer, porque no tengo nada que esconder; acá sigo dando la cara a mi pueblo y al resto de los venezolanos, pero mal podría acudir a una interpelación a ciegas; primero necesito conocer el contenido del expediente que contiene las denuncias infundadas en mi contra por parte de funcionarios del oficialismo en la entidad”, indicó Pérez.
Advirtió que su comparecencia estará sujeta a la entrega del expediente “porque no puedo ir a un paredón donde se violentan mis derechos; tanto a mí como al resto de los exfuncionarios se nos está violando el debido proceso; nuestro derecho a la defensa está siendo vulnerado al impedírsenos conocer ese expediente; insisto en que la Comisión de Contraloría de la AN no puede convertirse en tribunal de inquisición”, destacó.
Resaltó que su solicitud está ajustada al artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que “el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas”. “Esta investigación por la Comisión de Contraloría es administrativa y tiene que garantizar, tanto a mí como al resto de los investigados, la garantía de este proceso”, puntualizó.
Añadió: “Dice este artículo que toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante la violación del debido proceso. Tanto a Pablo Pérez como al resto de los investigados se nos está violando el debido proceso”.
“También contempla el artículo 49 que toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario, y acá vino un diputado del estado Sucre a decir que me iban a poner los ganchos porque yo era un corrupto, que era un bandido, es decir, que ese diputado no puede estar dentro de esa comisión, en la cual debe haber imparcialidad; a mí no se me puede estar acusando sin haber hecho la investigación y reitero que nuestro derecho a la defensa se está viendo vulnerado al no entregársenos la copia solicitada”, precisó.
Finalmente, con Constitución en mano, recordó: “El derecho a la defensa es muy claro: El investigado o los investigados tienen derecho a conocer con suficiente anticipación los cargos o fundamentos de hecho y de derecho, dándole de esta manera a los investigados el tiempo requerido para preparar su defensa. Me estoy basando en lo que establece la Constitución Nacional”.
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