Pablo
Pérez
Una de las caras más terrible de la
crisis que vive Venezuela es la enorme cantidad de violaciones a los derechos
humanos. Antes de entrar en detalles debo recordar que las violaciones a los
derechos humanos no prescriben, o sea que hoy o mañana los responsables de
tales atrocidades pueden ser castigados en cualquier parte del mundo.
Eso nunca deben olvidarlo los
protagonistas de la brutal represión oficial. No importa que cumplan órdenes,
porque eso no los exonerará cuando algún día, espero que sea muy pronto, todos
los responsables estén frente a un tribunal imparcial y justo que evalúe sus
comportamientos en estos días aciagos para el país.
Si sólo tomamos en cuenta los más de 10
fallecidos, 137 lesionados y los más de 89 detenidos por estas protestas, hasta
que escribía este artículo, estamos viendo las cifras que más resaltan y los
hechos que más lamentamos. Pero debajo de eso son muchas más las violaciones a
los derechos humanos que han ocurrido en esta crisis.
Comencemos con quienes emiten las órdenes
de reprimir la protesta sin importar las características de la misma. El
ordenar reprimir con armas de fuego prohibidas por la Constitución es un
delito. El hecho que hayan sacado a las calles a funcionarios de inteligencia,
el Sebin por ejemplo, para castigar a quienes protestan, también es un delito.
El mismo hecho que se haya prohibido
cualquier tipo de protesta, sin haber suspendido las garantías constitucionales
siguiendo los pasos que determina la ley, es otro delito. Las manifestaciones en
Venezuela son legales y no hay que pedir autorización, sino notificar a las
autoridades su realización.
Pero hay algo peor en la actuación de
quienes supuestamente dan las órdenes. Usar grupos paramilitares o
parapoliciales encarnados en los llamados “colectivos” para sembrar el terror
en las manifestaciones es un gravísimo delito. Esos civiles por muy amigos del
proceso que sean, no pueden usar armas que están reservadas al Estado y mucho
menos pueden actuar a bordo de motos y acabar a tiros cualquier manifestación.
Ya son demasiados los hechos en los
cuales las bandas armadas del Gobierno salen a reprimir. Aquí en Maracaibo ya
ocurrió en varias ocasiones y lo peor es que al mando de esos grupos de
mercenarios han estado funcionarios públicos que más bien deberían estar
garantizando los derechos de los ciudadanos.
Ahora vamos con los que cumplen las
órdenes. Ellos saben que no pueden usar armas prohibidas en el control del
orden público. Aquí se ha usado todo el poder de fuego de los cuerpos de
seguridad para impedir que el pueblo salga a mostrar su preocupación y reclamo
ante la crisis general que vive el país.
Pero no sólo han violado los derechos
humanos con el uso excesivo de la fuerza, sino que a las personas detenidas, en
su mayoría estudiantes muy jóvenes, los han torturado y hasta hay un caso de un
joven de Barquisimeto que denunció como un supuesto militar venezolano, lo
violó con su fusil.
La exagerada militarización del estado
Táchira para castigar a los ciudadanos cansados de tanto maltrato, es otro delito.
Callar a los medios de comunicación para
intentar ocultar la verdad, es otro delito muy grave esta vez contra la
libertad de expresión.
Afortunadamente en tiempos de redes
sociales y avanzada tecnología, nada de eso puede ser escondido. Interesante la
labor que a la calladita realizan varias organizaciones no gubernamentales que
están documentando todas estas violaciones a los derechos humanos.
A los responsables de estas atrocidades
recuerden: los delitos de lesa humanidad no prescriben y algún día pagarán por
sus actuaciones.
Gracias por documentarnos y gracias a las organizaciones no gubernamentales por su labor, ojala que ninguno se escape de ser juzgado...
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