Pablo Pérez
Latinoamérica está siendo sacudida por fuertes presiones
sociales producto de la desigualdad, el deterioro de las instituciones y las
actuaciones de las mafias que dominan el crimen organizado y tienen influencias
en las estructuras políticas de nuestros países. Uno de los factores que más
daño está causando a nuestros países es elevada impunidad.
México es un ejemplo a estudiar para saber hasta qué
punto se pierde la gobernabilidad en amplias zonas de un país, como
consecuencia de la pérdida de legitimidad de las instituciones y de la asunción
de carteles de la droga, por ejemplo, como las autoridades en esos territorios.
Lo que se vive en México replica en varios de nuestros
países con distintos matices. Colombia vivió por largos años esta aberración
institucional, en la cual era hasta “normal” que los grupos delictivos organizados
tuvieran control de pueblos y de sus autoridades.
En Venezuela estamos viviendo situaciones que pueden
degenerar en experiencias muy parecidas a las que vivió Colombia y vive México
en la actualidad y todo como consecuencia de la debilidad de las instituciones
frente al delito. La impunidad en Venezuela es demasiado alta.
En nuestro país de cada 100 delitos que se cometen,
alrededor de 90 quedan impunes, según los estudios de organizaciones no
gubernamentales, o sea que no se resuelven y mucho menos se castiga a los
responsables. Esa incapacidad para castigar al que delinque, incentiva al
delincuente y a quien está cerca de serlo a cometer fechorías, porque siente
que no será castigado o que pagando una suma de dinero es “perdonado”.
La sociedad venezolana sufre de graves distorsiones y una
de las más preocupantes es la absoluta impunidad. Cada día son más los
venezolanos que escogen actividades ilícitas de cualquier tipo para
enriquecerse, vivir o sobrevivir en buena parte porque sienten que el Estado no
les brinda opciones viables y legales para crecer y satisfacer sus necesidades.
Y cuando me refiero a actividades ilícitas no sólo estoy
hablando del narcotráfico, sicariato o secuestro, entre las más conocidas, sino
todas aquellas que muchas personas realizan y que consideran “normales”, pero
resulta que no lo son como, por ejemplo, el bachaqueo de alimentos y
combustible.
Pero hay un ejemplo más grave aún y es la proliferación
de los llamados colectivos violentos, que se alejan de la concepción conocida
de estos grupos que desarrollan labor social, y que han sido creados como
grupos paramilitares al servicio de una parcialidad política. Ellos gozan de
tanta impunidad, que hasta “motivaron” la destitución de un ministro del
gobierno nacional.
Le han causado enormes daños a las instituciones, las
cuales ahora ni son creíbles para los ciudadanos, ni cumplen con su deber de
ejercer los controles dónde de verdad se deben ejercer. Estamos a tiempo de
curar las heridas de Venezuela. Pero todo dependerá del aporte de cada uno de
nosotros para que todas estas distorsiones, incluyendo la impunidad, sean cosa
del pasado.
@PabloPerezOf
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